Curso de Especialista en Derecho Administrativo
Francisco Pleite, Titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 32 de Madrid, ofreció ayer la ponencia ‘Los Recursos Administrativos’ en el Colegio de Abogados de Jerez.
El Ilustre Colegio de Abogados de Jerez –ICAB Jerez-, en su apuesta por ofrecer formación continua y de primer nivel, celebró en la tarde de ayer la segunda de las jornadas del Curso de Especialista en Derecho Administrativo, organizado por la Comisión de Formación del Colegio de Abogados de Jerez, en colaboración con Asociación Judicial ‘Foro Judicial Independiente’.
La segunda jornada contó con la ponencia de Francisco Pleite, Titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 32 de Madrid, que se centró en ‘Los Recursos Administrativos’.
El juez se refirió en su intervención a los mecanismos que tienen los ciudadanos para reaccionar ante una actuación de la Administración, que pueden considerar que es ilegal y que puede afectar a sus intereses o derechos legítimos. El ciudadano reacciona solicitando la anulación de los actos de la Administración.
Según explicó Francisco Pleite, este sistema de reacción viene a ser a través de dos vías: “Impugnación directa de esos actos o bien solicitar a la administración que revise esos actos cuando ya han trascurrido los plazos para recurrirlos. Esta segunda vía es más excepcional, más restringida. Y el curso se trata de ofrecer cuáles son las diferencias existentes entre unos y otros”.
“Y sobre todo –añadió, las novedades que se han introducido en la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, actualizando la ley a las nuevas tecnologías, para facilitar el acceso del ciudadano a la administración”.
En este sentido, el juez destacó que el curso está encaminado a ver cuáles son las novedades que introduce la ley en estas materias, sobre todo en el tema de los recursos administrativos, “tanto el recurso de alzada, la posibilidad de proponer pruebas en los recursos, los plazos para recurrir, el silencio administrativo, los órganos competentes, pero sobre todo para tratar de dar seguridad jurídica en la actuación de los ciudadanos frente a la administración. Que sirva a los operadores jurídicos a la hora de recurrir ante los tribunales estas decisiones de los ciudadanos, que nos afectan a todos en la mayor parte de nuestra vida, puesto que el derecho administrativo está presente desde que nacemos hasta que morimos”.
Próximas ponencias
Las próximas jornadas previstas tendrán lugar en las siguientes fechas:
- Martes 12 de marzo de 2019. Ponencia: ‘Administración Local’. Sr. D. Francisco Javier López, Secretario de la Administración Local del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
- Martes, 19 de marzo de 2019. Ponencia: ‘Personal al Servicio de las Administraciones Públicas’. Sra. Dª. Concepción Cardosa, Letrada del Servicio Andaluz de Salud.
- Martes, 26 de marzo de 2019. Ponencia: ‘Caducidad y Prescripción’. Ilmo. Sr. D. Luis Alfredo de Diego, Titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 10 de Sevilla.
- Martes, 2 y 9 de abril de 2019. Ponencia: ‘Contratación de las Administraciones Públicas’. Sra. Dª. Mara Rubio, Letrada adscrita a los Servicios Jurídicos del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
- Martes, 23 y 30 de abril de 2019. Ponencia: ‘Urbanismo’. Sr. D. José Antonio Parra, Letrado adscrito a los Servicios Jurídicos del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
- Martes, 7 de mayo de 2019. Ponencia: ‘Limites de la Jurisdicción Contencioso Administrativa’. Qué se puede pedir y qué no en el procedimiento contencioso’. Ilmo. Sr. D. Pedro Marcelino Rodríguez, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla.
- Martes, 21 de mayo de 2019. Ponencia: ‘Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas’. Ilmo. Sr. D. Luis Gonzaga Arenas, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla.
El curso, que tiene una duración de 44 horas y se prolongará hasta el 21 de mayo de 2019, ha generado mucha expectación entre los profesionales de la Abogacía de toda la provincia de Cádiz, por lo que se tuvo que ampliar el número de plazas ante la demanda existente.
