El Pleno muestra su apoyo a los abogados y procuradores mutualistas en sus reivindicaciones

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El Pleno del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado por unanimidad una declaración institucional mostrando su apoyo a los abogados y procuradores mutualistas para reclamar pensiones dignas y mejoras de sus condiciones socio-laborales.
En representación de nuestro colegio estuvieron presentes la Diputada Quinta, 𝐌𝐚𝐫í𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐢𝐥𝐚𝐫 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨 y el Secretario 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐳𝐚𝐧𝐚𝐫𝐞𝐬. Al pleno igualmente acudió una representación de colegiados mutualistas.

Esta iniciativa ha sido aplaudida por una representación de  profesionales que han asistido a la sesión, y a los que la alcaldesa ha dado la bienvenida, para conocer el posicionamiento del Pleno en relación a sus reivindicaciones, consideradas “imprescindibles para el funcionamiento de nuestro sistema judicial”. La alcaldesa también se ha puesto a su disposición para poder llevar a cabo lo aprobado en esta Declaración Institucional.

Esta Declaración es fruto del cumplimiento del compromiso adquirido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, con representantes del Movimiento J2, de trasladar a Pleno este asunto. En una reunión celebrada el pasado mes de agosto, la alcaldesa mostró su solidaridad con este colectivo, que agrupa a profesionales de la Mutualidad de la Abogacía -alternativo al Régimen de Autónomos- y que viene reclamando desde hace varios meses pensiones y coberturas socio-laborales acordes a sus necesidades, y que les permita jubilarse en condiciones dignas.

De esta forma, en la Declaración se insta al Gobierno Central a realizar   aquellas actuaciones y modificaciones necesarias que posibiliten, en relación a los profesionales de la abogacía y la procura, que tienen contratado, o que lo han tenido, con la Mutualidad de la Abogacía, Altermutua o la Mutualidad de Procuradores el sistema de protección social alternativo RETA, con el objetivo de, en primer lugar, posibilitar que las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la abogacía y la procura sean mejoradas.

En segundo lugar, se pretende “que los profesionales que coticen en las mutualidades profesionales puedan, de forma voluntaria y durante un periodo de tiempo limitado, trasladar esas cotizaciones al RETA y que las cotizaciones trasladadas se computen a efecto de devengo de pensiones y prestaciones futuras, incluida la jubilación, ponderándose previamente en función de las cantidades ingresadas y de los períodos cotizados”.

Y en tercer lugar, “que las cotizaciones realizadas en la Mutualidad al sistema alternativo al RETA no sean equiparadas fiscalmente con un plan de pensiones/ahorro complementario”.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA ABOGACÍA Y PROCURA

Los abogados y procuradores más veteranos y cercanos a la edad de jubilación se encuentran ante la preocupación de que, después de una vida dedicada al ejercicio de su profesión, son beneficiarios de pensiones insuficientes. Un final que no es correspondido con el papel crucial que desempeñan en nuestra sociedad garantizando el acceso a la justicia y defendiendo los derechos y libertades de los ciudadanos.

Para entender el problema, tenemos que remontarnos a 1948, cuando se crea la Mutualidad de la Abogacía como única entidad de previsión obligatoria para los abogados, con coberturas solo de fallecimiento, invalidez y viudedad. En 1971 se amplía la cobertura a la jubilación mediante un sistema de reparto o solidaridad entre generaciones, manteniéndose aún el carácter obligatorio de la mutua para los abogados que no podían acceder al sistema público.

Es ya en 1995, cuando se reconoce la alternatividad; a partir de entonces, los profesionales de la abogacía podrían escoger entre la Mutualidad o el sistema público, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el RETA. No obstante, desde las estructuras institucionales se potenciaba y recomendaba, en ocasiones apelando a la solidaridad entre compañeros, la permanencia dentro de la Mutualidad y la elección de la misma para los nuevos colegiados. Sin embargo, desde 1840 existía Alter Mutua, unión voluntaria de profesionales de la abogacía para autoasegurarse en el ámbito de la previsión social, y que a día de hoy actúa también como una alternativa al RETA y como complemento de las prestaciones de la Seguridad Social.

En 2005, la Mutualidad pasa de un sistema de capitalización colectiva a uno de capitalización individual, por lo que dependería de cada profesional acumular sus aportaciones para constituir su propio fondo de jubilación.

Es el mismo sistema para los procuradores y su propia mutualidad.

Pese a todo, ninguno de estos intentos de mejora parecen frenar la incertidumbre del profesional a la hora de escoger su sistema de previsión social, siendo estas reformas casi inútiles en la práctica. La Mutualidad es un sistema de previsión preconstitucional incapaz de ofrecer prestaciones equivalentes a las de la Seguridad Social, provocando una situación discriminatoria para los mutualistas en relación a los demás trabajadores autónomos y en especial, a quienes al iniciar su ejercicio profesional no tuvieron otra opción de cotización. Por su parte, la elección del RETA no permite recuperar las aportaciones realizadas a la Mutualidad y canjear ese capital acumulado por años de cotización, así como para el devengo de la prestación de jubilación en el sistema público. Las cantidades cotizadas tributarían como un mero plan de pensiones sin posibilidad de rescate hasta la fecha de jubilación. No existiría tiempo para generar el derecho a la prestación, retrasando, por tanto, la edad de jubilación ordinaria y la prolongación de la actividad profesional. El resultado: una pensión inferior a una pensión no contributiva.

Tampoco las pensiones de determinados mutualistas pasivos son equivalentes al menos a la no contributiva del sistema público, siendo necesaria su complementación.

Estamos ante un problema social, que genera situaciones discriminatorias, que no se debe seguir obviando, sino que por el contrario debe ser abordado sin dilación y con carácter urgente para encontrarle soluciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Jerez hace pública la siguiente Declaración Institucional:

  1. Mostramos todo nuestro apoyo y compromiso a los abogados y procuradores en sus reivindicaciones, como cauce necesario e imprescindible para el funcionamiento de nuestro sistema judicial.
  1. Instamos al Gobierno Central a realizar aquellas actuaciones y modificaciones necesarias que posibiliten, en relación a los profesionales de la abogacía y la procura, que tienen contratado, o que lo han tenido, con la Mutualidad de la Abogacía, Altermutua o la Mutualidad de Procuradores el sistema de protección social alternativo RETA, con objeto de:
  1. Que las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la abogacía y la procura sean mejoradas.
  1. Que los profesionales que coticen en las mutualidades profesionales puedan, de forma voluntaria y durante un periodo de tiempo limitado, trasladar esas cotizaciones al RETA y que las cotizaciones trasladadas se computen a efecto de devengo de pensiones y prestaciones futuras, incluida la jubilación, ponderándose previamente en función de las cantidades ingresadas y de los períodos cotizados. Que los mutualistas pasivos reciban complementos a mínimos para que sus pensiones alcacen el importe de la pensión mínima.
  1. Que las cotizaciones realizadas en la Mutualidad al sistema alternativo al RETA no sean equiparadas fiscalmente con un plan de pensiones/ahorro complementario.

Jerez, 26 de Septiembre de 2023

 

Grupo Municipal Popular                             Grupo Municipal Socialista

 

Grupo Municipal Vox                            Grupo Municipal La Confluencia

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