¿Has visto alguna vez en internet mensajes como “cancela tus deudas con la segunda oportunidad y elimina el 100 % de ellas”? ¿O el eslogan “resolvemos reclamaciones bancarias con resultados garantizados?” ¿O incluso ofertas como “evitamos tu desahucio” o “te divorciamos en 48 horas”?
Detrás de estos mensajes, cada vez más frecuentes en internet y en redes sociales, puede esconderse algo más que simple publicidad agresiva: posibles fraudes, prácticas engañosas o incluso intrusismo profesional. En los últimos años, se ha producido una proliferación de plataformas dedicadas a captar clientes en materia de segunda oportunidad. Este crecimiento, en sí mismo, no es negativo, ya que ha contribuido a que muchos ciudadanos conozcan un mecanismo legal que hasta hace poco era desconocido. Sin embargo, el problema surge cuando algunas de estas empresas traspasan los límites de la legalidad y la ética profesional.
Los miembros del Grupo de trabajo para la protección profesional de la abogacía frente a plataformas digitales del Consejo General de la Abogacía Española advierten de que muchas de estas plataformas —algunas con presencia en todo el territorio nacional—, utilizan datos falsos, legislación derogada o promesas imposibles de cumplir. A ello se suman honorarios poco transparentes o desproporcionados que “denigran la profesión de la abogacía”.
Desde el Grupo se advierte de que “han detectado actuaciones desleales que se aprovechan de las personas más vulnerables, especialmente aquellas endeudadas que buscan acogerse a la segunda oportunidad”, afirman. Frente a ello, recuerdan acudir siempre a un abogado, ya que “el ejercicio de la abogacía está sujeto a garantías como la formación continua, la responsabilidad profesional y el cumplimiento de un estricto código deontológico”.
La situación ha encendido las alarmas. Abogados denuncian prácticas como la captación de clientes mediante falsedades o la oferta de servicios con condiciones poco claras. En los casos más graves, se habla abiertamente de fraude: estafas, cobros indebidos o suplantación de identidad.
Uno de los focos de preocupación es el intrusismo profesional. En muchos casos, quienes ofrecen estos servicios no son abogados colegiados, sino “asesores” que operan más allá de lo permitido por la ley. Si evitan reuniones presenciales, no atienden llamadas, no facilitan copia de documentos o presionan para realizar pagos urgentes, son señales claras de alerta.
El problema no se limita únicamente a la segunda oportunidad. Desde la Abogacía Española también advierten sobre plataformas que actúan en asuntos de vivienda —dirigidos a afectados por desahucios, a quienes prometen erróneamente solucionar toda su situación—, o en divorcios, captando clientes con mensajes de “divorcio exprés” y falsas garantías de rapidez o éxito.
Para evitar caer en este tipo de engaños, los expertos recomiendan verificar siempre si el profesional está colegiado. Una herramienta útil es el censo oficial disponible en la web de la Abogacía Española. “Si no figura ahí, desconfíe”, advierten desde la Subcomisión.
El uso del miedo como herramienta publicitaria es otra práctica habitual. Mensajes alarmistas que apelan a la urgencia o a la desesperación económica buscan captar a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en un entorno publicitario responsable, la promoción de servicios debería centrarse en ofrecer información objetiva y veraz, sin recurrir a la manipulación emocional.
Este fenómeno se agrava en un contexto en el que los ciudadanos contratan servicios sin leer, o sin comprender, las condiciones. Se estima que una persona podría tardar más de tres horas en leer los términos contractuales de una simple web de alquiler vacacional. En ese escenario, no es extraño que se pasen por alto cláusulas abusivas que, en muchos casos, pueden ser impugnadas judicialmente y declaradas nulas.
Las “trampas” de internet no solo afectan al bolsillo, sino también a derechos fundamentales. El uso de algoritmos para perfilar a los usuarios, la exposición a ciberataques o el acceso indebido a datos personales son riesgos reales en un entorno digital cada vez más complejo.
Como señala Jesús Pellón, miembro del Grupo, el Código Deontológico de la Abogacía Española establece, entre otras cosas, que la relación entre abogado y cliente debe basarse en la confianza, sin aprovecharse de situaciones de especial vulnerabilidad. También prohíbe prácticas como utilizar a los clientes con fines publicitarios o prometer resultados que no pueden garantizarse. “No toda deuda puede ser exonerada”, subraya.
“Nunca he dicho a un cliente este caso lo vamos a ganar seguro. Garantizar el resultado no es una buena práctica profesional”, advierte Pellón.
En definitiva, el auge de estos servicios pone de manifiesto la necesidad de reforzar la información y la protección del cliente. Porque, en un entorno donde las soluciones rápidas y los mensajes atractivos abundan, la prudencia sigue siendo la mejor defensa.
👉 Link al vídeo “La otra cara de las plataformas digitales” publicado por Abogacía Española: youtube.com/watch?si=Jo7Ezw8Jy2iOBUtg&v=TGDKVQDU_f8&feature=youtu.be
