Pregunta: ¿Satisfecho al haber sido reelegido Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla?
Respuesta: Sinceramente, me siento con ilusión y honrado porque el Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad, haya confiado de nuevo en mí para un segundo mandato. Un honor y una responsabilidad de la que espero estar a la altura.
P.: Ha participado en numerosas actividades de formación y forma parte de varias Comisiones Mixtas creadas en los ámbitos autonómico y nacional, para las reformas procesales y modernización de la Oficina Judicial, y para la coordinación y cooperación con la Junta de Andalucía ¿Cuáles serán las principales líneas de actuación tras su reelección?
R.: Seguir trabajando en muchos aspectos pendientes e insistir a los responsables políticos en la necesidad de que apuesten seriamente por ayudarnos a mejorar la justicia, que sigue siendo una asignatura pendiente y debería ser tratada como cuestión de Estado, ya que una buena justicia contribuye claramente a un mejor desarrollo económico y hace realidad un verdadero Estado social y de Derecho.
Como es sabido, las principales rémoras de la Administración de Justicia vienen constituidas por un obsoleto esquema organizativo, tecnológico y territorial, al que se añaden déficits importantes en infraestructuras y sedes judiciales. Continuamos con serias deficiencias organizativas y de gestión de personal, tecnológicas, dispersión de sedes, legislación deficiente, sobre todo en el ámbito penal, exceso de litigiosidad, etc. La reforma de la organización judicial es una condición de necesidad para una justicia moderna, eficiente y de calidad a la que todos aspiramos.
Por ello, es necesario abordar una organización de trabajo colegiado y compartido, que permita la mejor gestión y aprovechamiento de los actuales recursos, cuyo engranaje de funcionamiento sea la digitalización. Necesitamos reorganizar los partidos judiciales y superar la extremada división territorial de la justicia, acercándonos a una justicia más ágil, profesional y especializada. También habría que plantearse la comarcalización de ciertas categorías de Juzgados, medida especialmente oportuna en los Juzgados de Violencia contra la Mujer. Debemos mejorar la gestión de las medidas de apoyo judicial, de forma que seamos capaces de articular planes de choque efectivos con jueces y funcionarios en partidos y jurisdicciones sobrecargados o mal dimensionados. Y, por supuesto, continuar en la senda de la transparencia y sentido de autocrítica ante disfunciones propias. Por ello, siempre procuro insistir en los retos permanentes del colectivo judicial, en la necesidad de ejercer nuestra función con prudencia, reflexión y empatía, además de la correcta consideración a las partes, tanto en el trato como en estudiar y respetar sus convicciones y planteamientos, sin olvidar la seguridad jurídica y necesaria uniformidad para evitar respuestas contradictorias y dispares a planteamientos idénticos.
P.: La independencia del Poder judicial es reclamada por no pocos jueces de nuestro país ¿cuál es su diagnóstico respecto a esta reivindicación?
R.: Creo firmemente en la independencia judicial de los jueces que ejercen en sus órganos. En su labor diaria son independientes e intentan cumplir con la legalidad en sus resoluciones. Esa es la auténtica realidad, aunque a veces se perciba de forma distinta o, mediáticamente, se traslade lo contrario. Creo, sinceramente, que nuestra judicatura intenta día a día, de forma independiente y neutral, resolver conflictos, en un marco de legitimidad que impone respetar sus decisiones.
Por otra parte, es cierto que la Justicia continúa siendo un poder mendicante, que llama de forma permanente a las Administraciones para dotarnos de suficientes medios personales y materiales, ya que no tenemos una mínima capacidad de gestión, ni siquiera para ejercer funciones de planificación y ejecución de medidas de refuerzo en órganos jurisdiccionales. A mi juicio, parece fuera de duda la necesidad de contar con un mínimo ámbito competencial por parte de los órganos de gobierno del poder judicial, que nos sitúe ante un modelo más operativo y funcional a la hora de prestar puntual atención y apoyo urgente en los distintos partidos judiciales que lo vayan demandando, evitando que la decisión final, como ocurre por ahora, esté residenciada siempre en la Administración.
P.: Recientemente ha calificado como reto para este año 2016 la modernización y el fin del papel en los juzgados. Lo cierto es que los inicios de LexNet no están resultando del agrado de todos e incluso claman la supresión de este nuevo sistema ¿cree que su implantación seguirá adelante? ¿Cuáles son los beneficios que reportará al sistema judicial?
R.: Durante los cinco años que llevo en el cargo, en todas las memorias del Tribunal Superior de Justicia he llamado la atención sobre la Administración de justicia, muy burocratizada y apegada al papel, y apostado por una “Justicia digitalmente avanzada”. La implantación de la justicia digital, propia de la sociedad de la información, debe constituir objetivo prioritario para la consecución de un modelo de oficina judicial operativa, accesible y eficaz. Por tanto, no creo que debamos bajarnos ahora del tren ni de la senda digital.
Es cierto que recibimos quejas del funcionamiento del sistema y que, seguramente, ha existido premura en su implantación generalizada, porque no estábamos todavía preparados tecnológicamente, al tiempo que era necesario, humanamente, una mayor formación. De ahí que la Sala de Gobierno ha mostrado su preocupación por las disfunciones que se producen, motivo por el que ha solicitado a las Administraciones la adopción de cuantas medidas sean necesarias para que la presentación telemática de escritos y su integración en el sistema de gestión procesal se desarrolle con absoluta normalidad, sin incidencias y sobresaltos constantes, para lo cual es indispensable dotar a todas las oficinas de los medios e instrumentos electrónicos necesarios para desarrollar su función eficazmente y permitir una plena tramitación electrónica de los procedimientos. Para mí, el reto temporal y la fecha clave es el 5 de julio, en que debemos contar ya con el expediente digital completo y el sistema perfeccionado de gestión procesal, lo que exigirá un visor que permita trabajar de forma ordenada en el procedimiento mediante una navegación dirigida por un detallado índice e hipervínculos para el desplazamiento dentro del mismo. Sin ello, la labor del juez se verá seriamente dificultada y entorpecida, con lo cual no se cumple la finalidad esencial de cualquier oficina judicial al servicio del ciudadano, que constituye la organización instrumental que sirve de soporte y asistencia a la función jurisdiccional de Jueces y Magistrados.
P.: A su juicio, es necesaria la aplicación de medidas de refuerzo en las sedes judiciales con más cargas de trabajo en Andalucía ¿Cuáles son aquellas que requieren mayor celeridad? ¿y cuál cree que es el sistema idóneo para solucionar los atascos judiciales?
R.: Lo repito siempre que puedo. La Justicia tiene que ser rápida para ser justa. Por ello, una de los principales retos de este mandato es el refuerzo de las sedes judiciales con más carga de trabajo. Hay que actuar pronto y seriamente en la solución a situaciones muy complicadas que atraviesan algunos partidos judiciales andaluces (Estepona, Lora del Río, Sanlúcar la Mayor, Utrera, Chiclana de la Frontera, Roquetas de Mar o Vera, entre otros), o determinados Juzgados que instruyen causas muy complejas y sensibles, de gran trascendencia jurídica y social, que es necesario impulsar y agilizar.
Lo ideal es la adscripción de jueces de refuerzo, acompañada de la asignación de funcionarios para posibilitar mayor tramitación de asuntos, celebración de juicios y vistas, para así avanzar significativamente en la normalización del Juzgado o partido judicial afectado por la medida (especie de Juzgados bis).
Pero los refuerzos no son sólo de medios personales, que también. Es imprescindible reforzar y proporcionar más, y mejores, herramientas a los Juzgados que se ocupan de casos voluminosos y complejos, al tiempo que asegurar la mejor, y más rápida, ayuda externa de peritos y otros profesionales. Múltiples factores inciden en el plazo razonable, que afecta a procedimientos que exigen una dedicación extraordinaria junto a una ingente labor de gestión documental, donde se reproducen carencias y disfunciones: insuficiente dotación de medios personales; problemas de gestión documental, de digitalización, de escaneo, de traslado a las partes; demora llamativa en la práctica de comisiones rogatorias; retrasos elocuentes en la materialización y entrega de informes a cargo de profesionales policiales, de la Agencia Tributaria, del Catastro, o, en fin, de peritos particulares.
En definitiva, el sistema idóneo para solucionar los atascos judiciales tendría varias vertientes. Desde la mejor organización del trabajo, con funcionamiento colegiado, hasta los medios materiales y personales de los que he comentado.
P.: ¿Qué otras actuaciones considera como fundamentales para un desarrollo satisfactorio de la judicatura? ¿Cuáles se marca al resultar reelegido presidente del TSJA?
R.: Aparte de lo antes expuesto, siempre pido la imprescindible reforma de leyes procesales, en especial del orden penal, que profundicen en la oralidad, unifique los procedimientos y articule mucho mejor el sistema de recursos.
Desde mi responsabilidad, las actuaciones son claras: promover experiencias colegiadas de trabajo en distintas jurisdicciones especializadas, así como el avance de la nueva oficina judicial en distintos sectores de fácil implantación (por ejemplo, Audiencias Provinciales y Servicios de ejecutorias); mejorar la información, el trato y atención personalizada al ciudadano a través de los Servicios Comunes Generales; establecer cauces efectivos de participación en la gestión sobre el alcance y distribución de los recursos personales en las oficinas judiciales, así como en la actualización de los refuerzos y tareas asignadas, cuyo marco adecuado, sin duda, es la Comisión Mixta entre la Sala de Gobierno y la Consejería de Justicia.
P.: Desde muchas instituciones se está dando mucha importancia a la solución extrajudicial de los conflictos, en concreto a la mediación, casi como una solución al exceso de procedimientos judiciales que colapsan nuestros juzgados. ¿Cómo cree que debería organizarse la mediación para que resultara efectiva?
R.: Las Administraciones deben involucrarse en la calidad, formación, ayuda material y difusión de la mediación, todavía reducida a iniciativas voluntaristas de corto alcance e impacto. Es más, la mediación intrajudicial debería estar incluida dentro de la oficina judicial para ser utilizada como proceso previo antes de la judicialización del asunto.
Deberíamos consensuar y seguir un procedimiento en los Juzgados, de forma que, al examinar el proceso, el Juez o Letrado de la Administración de Justicia puedan considerar que el asunto es susceptible de derivar a la mediación (hay una lista no cerrada de materias en cada caso) y dictar la consiguiente resolución en ese sentido, notificada a la partes, remitiendo a una de las entidades colaboradores los datos de las partes para que contacten con ellas y poder iniciar, en su caso, una primera sesión informativa y, a partir de ahí, si lo desean, continuar el proceso de mediación. Esta línea hay que seguirla en todo el territorio judicial andaluz.
Tenemos que seguir extendiendo la cultura de la mediación, porque estamos en una sociedad muy judicializada y acostumbrada a que “otros” nos resuelvan siempre el problema. Lo anterior implica contemplar con naturalidad la mediación intrajudicial, útil para todos, cercana al ciudadano, y válida para conseguir una reparación satisfactoria a las necesidades reales de la víctima, al tiempo que reduciría la entrada de casos, según algunas estimaciones, casi en un 30 por ciento.
P.: ¿Cree que la relación existente entre el poder judicial y la abogacía institucional es adecuada o en qué medida podría mejorar?
R.: Creo que las relaciones son adecuadas, fluidas y abiertas por ambas partes. Así he tratado de hacerlo desde el inicio de mi mandato. Sirva de ejemplo el Código de Buenas Prácticas firmado por con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que debería servir de iniciativa y pauta general para jueces y abogados.
Los canales de comunicación entre ambas instituciones siempre tienen que estar abiertos y atentos a las demandas de los colectivos, porque tenemos el mismo interés: que la Justicia funcione lo mejor posible y que sea un servicio público real para el ciudadano. Siempre insisto en el respeto recíproco, en el mejor trato con los justiciables y profesionales. Entre todos, tenemos que ganarnos la autoridad, la legitimación diaria por el buen ejercicio profesional, más aún, el aprecio y la confianza de los ciudadanos.
P.: Recientemente se ha producido una histórica y unánime declaración por parte de las asociaciones judiciales reclamando un pacto de estado por la justicia. ¿cuál es su opinión esquemática sobre qué contenido mínimo debería tener el eventual pacto de estado por la justicia?
R.: El pacto de Estado se lleva reclamando desde hace muchos años. Es una frase que yo he reiterado en múltiples discursos institucionales, aunque llega un momento en que puede convertirse en una frase o recurso político que termina en papel mojado. Pero el mensaje es claro: la justicia continúa siendo una de las parcelas donde parece que hay menor interés en que funcione adecuadamente, donde se plantee como objetivo el interés general con soluciones integrales y perdurables, como han señalado las asociaciones de jueces. Me parecen básicos asuntos como la definición de competencias de todos los órganos judiciales, un nuevo mapa y organización judicial, una modernización real del sistema de trabajo, conseguir una mejor gestión de la oficina judicial, que la haga más justicia atenta, moderna y abierta. Y, en fin, leyes procesales acordes con los tiempos y con la elevada tasa de litigiosidad.
