• Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha clausurado hoy las jornadas, manifestando que esta ley es una oportunidad perdida para los trabajadores autónomos, un intento fallido de ayudarles cuando lo pierden todo, y un gran error que no recoja en ella las quitas a los créditos públicos a Hacienda y Seguridad Social.
• Durante dos jornadas, profesionales especializados en la materia han participado como ponentes y han debatido en mesas redondas la efectividad o inutilidad de esta ley que lleva ya tres años en vigor, así como se han resuelto todos los problemas y dudas que se encuentran los abogados en estos procedimientos.
El Ilustre Colegio de Abogados –ICAB- de Jerez, en colaboración con VLEX, ha celebrado durante la tarde de ayer jueves y la mañana de hoy las Jornadas sobre Segunda Oportunidad, una ley que ha sido analizada al detalle y que genera diversidad de opiniones y controversias en torno a su aplicación.
Durante dos jornadas, profesionales especializados en la materia han participado como ponentes y han debatido en mesas redondas la efectividad o inutilidad de esta ley que lleva ya tres años en vigor, así como se han resuelto todos los problemas y dudas que se encuentran los abogados en estos procedimientos.
La Ley de Segunda Oportunidad, que lleva ya tres años en vigor ley 25/2015, de 28 de julio), levantó mucha expectación, ya que hasta esa última reforma, solo las empresas contaban con un recurso legal para declararse en quiebra y pedir la exoneración de sus pasivos en casos de insolvencia, mientras particulares y autónomos estaban condenados a morir con ellas. Podían ser perseguidos de por vida por sus acreedores, aunque ya no tuvieran nada.
Una condena, hasta entonces sin redención, que hoy cuenta con la Ley de la Segunda Oportunidad para obtener el ‘perdón’ de todas las pellas, hasta cinco millones de euros, siempre y cuando se haya actuado de buena fe (no haber cometido delitos socioeconómicos) y se haya intentado llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores para aplazar el débito y fijar un calendario de pago inferior a diez años o su liquidación con bienes propios.
Pero a pesar de esas buenas intenciones, la que se suponía que era una herramienta de ayuda para particulares y autónomos se ha quedado, en opinión de los representantes de los afectados en “insuficiente”. En este sentido, Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), quien hoy ha clausurado las Jornadas en el Colegio de Abogados de Jerez, ha manifestado que la Ley de Segunda Oportunidad una “oportunidad perdida” para los autónomos y un intento fallido de ayudarles cuando lo pierden todo.
“A los autónomos –ha dicho Amor-, no sólo hay que ayudarles y tenerles en cuenta cuando empiezan, sino también cuando fracasan y han puesto todo lo que tienen por sacar adelante su proyecto”.
Audio con declaraciones de Lorenzo Amor:
El presidente de ATA considera que se ha perdido una gran oportunidad para rescatar a los autónomos que lo perdiesen todo, privándoles de otra oportunidad para emprender de nuevo después de un fracaso empresarial, ya que no solo se les debe echar una mano a los trabajadores por cuenta propia cuando empiezan, también cuando fracasan y han puesto todo lo que tienen para sacar adelante su proyecto.
Lorenzo Amor ha destacado el que considera el gran error de esta ley que le impide cumplir con el objetivo de su creación, y se ha referido a las deudas contraídas por las personas físicas y los autónomos con la Agencia Tributaria y Seguridad Social, unas deudas que parece que son sagradas y que, en la práctica, son las que mayores quebraderos de cabeza generan.
El presidente de ATA ha comentado además que ojalá funcionase como en Francia, “ya que allí no sólo tienes facilidad al empezar, sino a lo largo de tu proyecto empresarial y también cuando fracasas. Aquí cuando fracasas, te dejan en la cuneta. Y como tengas deudas con Hacienda y a Seguridad Social, ya no te vuelves a levantar. Porque una deuda a Seguridad Social, a los cuatro años, se duplica”. Esas deudas con la Administración pública son las que más hunden al autónomo. Ni siquiera se paralizan los recargos mientras dura el procedimiento concursal que, además, le cuesta dinero (mediador, abogado, procurador), porque en este caso no hay justicia gratuita.
Audio con declaraciones del vicedecano de ICAB Jerez, Manuel Ferrer:
Lo cierto es que, a pesar de las aparentes bondades de la norma, puestas de manifiesto por varios ponentes durante las jornadas, el número de españoles y de ciudadanos de la provincia de Cádiz que ha recurrido a ella para salir a flote es irrisorio con respecto a otros países europeos. Unos lo achacan a la falta de cultura concursal de los ciudadanos y otros al desconocimiento de la ley.
También se ha debatido sobre que estos procedimientos se demoren hasta dos y tres años en juzgados no especializados, ya que se cursan en Primera Instancia, y sin recursos suficientes. Pero, sobre todo, que no prosperen los acuerdos extrajudiciales por un mal diseño de la norma.
